Este proceso se centrará en la importancia de los datos abiertos en el contexto de la Justicia Abierta. Se explorará cómo la publicación de datos judiciales en formatos abiertos puede fomentar la transparencia y permitir a la ciudadanía acceder a información relevante sobre procesos judiciales, decisiones y estadísticas. Se presentarán ejemplos de cómo otros países han implementado políticas de datos abiertos en el sector de justicia y se discutirán los desafíos y oportunidades específicos para Guatemala.

En este proceso, se abordará el concepto de Justicia Abierta en su totalidad, presentando los principios rectores que lo definen: transparencia, colaboración y participación. Se analizará cómo estos principios pueden influir en la mejora del sistema de justicia, generando confianza en la ciudadanía y promoviendo una mayor rendición de cuentas en las instituciones judiciales. Además, se explorarán ejemplos concretos de la aplicación exitosa de la Justicia Abierta en otros países, mostrando cómo ha impactado positivamente en la calidad y accesibilidad de los servicios judiciales.

Este proceso se enfocará en la importancia del diseño de servicios en el ámbito judicial. Se explorarán enfoques innovadores para diseñar servicios judiciales que sean accesibles, comprensibles y orientados al usuario. Se discutirán estrategias para simplificar los procesos judiciales, reducir la burocracia y garantizar que los servicios sean equitativos y eficientes para todos los ciudadanos, incluidos aquellos en situación de vulnerabilidad.

Este proceso se centrará en la importancia del Acceso a la Información Pública en el contexto de la Justicia Abierta. Se explorará cómo la publicación de datos judiciales en formatos abiertos puede fomentar la transparencia y permitir a la ciudadanía acceder a información relevante sobre procesos judiciales, decisiones y estadísticas. Se presentarán ejemplos de cómo otros países han implementado políticas de datos abiertos en el sector de justicia y se discutirán los desafíos y oportunidades específicos para Guatemala.

El proceso de formación de Justicia Abierta profundizará sobre la aplicación de una filosofía de estado abierto en las instituciones del sector justicia. La referida filosofía se traduce en la implementación de un conjunto de mecanismos y estrategias que componen un paradigma de gobernanza pública para la justicia, basado en los principios de transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación y colaboración e innovación y uso de nuevas tecnologías.

La justicia abierta, que va de la mano del acceso a la justicia, es mucho más que datos abiertos, transparencia, gobierno abierto, o la cooperación entre las ramas ejecutiva y judicial del poder público de cualquier país.

La justicia abierta es un modelo de gobernanza sustentada en los pilares de transparencia, apertura de datos, participación ciudadano y colaboración entre gobierno y ciudadanía. Su objetivo es mejorar el quehacer de las instituciones de gobierno, y a través de ello, incrementar la confianza de la ciudadanía en su gobierno.

En una encuesta realizada en varios países de América y Europa, 97% de los encuestados opinaron que es posible lograr una justicia más abierta. Entre las variables más relevantes están los cambios, estructurales organizativos, los cambios estructurales procesales, la proximidad a la ciudadanía y la eficiencia.

El gobierno abierto constituye un nuevo paradigma que, basado en los principios de la transparencia y apertura, participación y colaboración, intenta responder al agotamiento de los modelos tradicionales de gobernanza en un mundo que está cambiando radical y vertiginosamente.

Por otro lado, el Gobierno Abierto discute la idea de entenderlo como una plataforma (gobernanza abierta) para la participación y la colaboración ciudadana que favorezca la co-creación, el co-diseño y la co-gestión de servicios públicos, en un contexto donde la confianza, la co-responsabilidad y el compromiso cívico son elementos clave para el proceso de cambio que experimentan los gobiernos y las administraciones públicas de cara a los desafíos que le impone la sociedad en el nuevo milenio.

Tiene tres principios que orientan su implementación: transparencia, colaboración y participación. Estos están correlacionados, lo que significa que las acciones corresponden primordialmente a uno u otro, sin ser excluyentes; y de manera que pueden verse impregnadas por los otros principios.

El gobierno abierto es un concepto amplio y en permanente redefinición. Hace referencia a una administración que establece constantes conversaciones con los ciudadanos, con las empresas y que, además, en la toma de decisiones tiene en consideración las necesidades y preferencias de otros actores. Por otra parte, facilita la colaboración de los usuarios/clientes/beneficiarios y funcionarios para la mejora en la planificación y prestación de diferentes servicios (incluidos los servicios públicos), y establece mecanismos de comunicación de forma abierta y transparente sobre todo lo que permite un mayor acercamiento y un mejor funcionamiento del ejercicio de Gobierno, de las instituciones y de la participación ciudadana.

Por otra parte, el gobierno electrónico implica la utilización de las TIC y el conocimiento en los procesos internos de gobierno, la entrega de los productos y servicios del Estado tanto a la ciudadanía como al sector privado. Se puede definir como una moderna forma de interacción o relación entre los Gobiernos de los distintos países y sus respectivos ciudadanos o personas que eventualmente tengan contacto con ellos logrando un mayor dinamismo y personalización de la relación entre el Estado y los ciudadanos. En otras palabras, podemos expresar que consiste en una automatización de las respuestas que brinda la administración ante una creciente demanda y exigencia de inmediatez por parte de una sociedad que cada vez se encuentra más informatizada.

Por todo ello,  que con el desarrollo del presente curso, abre una puerta a nuevas herramientas utilizadas por el gobierno y aprovechadas por los integrantes de una red multiactoral que pretenden mayor participación en las decisiones estatales, saneamiento en la forma de proceder del Estado (a través de sus funcionarios y acciones de gobierno), celeridad en las tramitaciones y garantizar la transparencia, la inclusión, la colaboración, la información y la creación de modernos canales de intercambio y de diálogo en contextos democráticos.